Office of the Ohio Consumers' Counsel

Introducción

La Oficina del Representante de los Consumidores de Ohio (OCC – por sus siglas en inglés), consejeros para servicios públicos residenciales, fue establecida por la Asamblea General de Ohio en 1.976. Esta agencia estatal fue creada para representar y proteger los intereses de los 4,5 millones de residencias que utilizan servicios de electricidad, gas natural, teléfono y agua en el estado de Ohio. La representación de OCC incluye su presencia en procesos jurídicos frente a la Comisión de Servicios Públicos de Ohio (PUCO – por sus siglas en inglés), las agencias federales y las cortes.

Janine L. Migden-Ostrander, Representante de los Consumidores, dirige las operaciones diarias y las políticas de la agencia. La Sra. Migden-Ostrander fue nominada por los nueve miembros de la Directiva del OCC. Los miembros de la Directiva son nominados por el Fiscal General de Ohio y por ley representan los sindicatos, las familias de agricultores y los consumidores residenciales.

Al contrario de muchas agencias del estado, el OCC es financiado a través de una avaluación sobre las compañías de servicios públicos que pertenecen a inversionistas y suplidores competitivos regulados por PUCO. El nivel de avalúo es determinado según un presupuesto fijado por la Asamblea General de Ohio.

A estas compañías se les permite pasar estos costos a los consumidores a través de sus tarifas. Estos costos son de aproximadamente 4 centavos por cada $100 que paga el cliente en sus facturas de servicios públicos. Los servicios de la OCC han beneficiado a los consumidores logrando ahorrar hasta ahora más de 1.300 millones de dolares desde 1.995.

El OCC utiliza estos fondos para representar los intereses de los consumidores de servicios públicos residenciales para ofrecer materiales educativos en asuntos importantes de servicios públicos y para proveer información que ayude a los consumidores en la toma de decisiones informadas en este ambiente variable de los servicios públicos. Además, la agencia investiga y resuelve quejas sobre los servicios de parte de los consumidores y aboga para asegurarse de que las compañías de servicios públicos cumplan con las leyes y reglamentos estatales y federales.